Urkullu no está satisfecho con las acusaciones de malversación y sedición

Posted Noviembre 03, 2018

Un escalón por debajo están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión -y otros 17 de inhabilitación absoluta-, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores.Para los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa reclama 17 años; 7 años para Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

La Abogacía del Estado justificó este viernes en su escrito de acusación las peticiones de pena a los líderes independentistas por los delitos de sedición, malversación y desobediencia grave.

La aplicación de estas penas más altas obedece, según esta valoración de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas.


Para el exvicepresidente del Govern piden 25 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación por delitos de rebelión y malversación.

Finalmente, los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, serán acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional por tramitar las leyes de ruptura con España pese a la prohibición del TC.

A diferencia de la fiscalía, los servicios jurídicos del Estado consideran que lo ocurrido en Catalunya en septiembre y octubre del año pasado no incluyó la violencia suficiente como para acusar por rebelión, como hará el ministerio público y la acusación que ejerce Vox.


Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación por un delito de rebelión para Josep Lluís Trapero, ex Mayor de los Mossos d'Esquadra, alegando que fue una "pieza clave" para "llevar a cabo el plan secesionista" catalán.

El Gobierno ha forzado a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los presos golpistas. Acusación de la Fiscalía que coincide con lo decidido por los fiscales del Supremo, el juez instructor Llarena y la Sala de los Penal del Supremo. La diferencia es notable a nivel penal: la versión más grave de la sedición acarrea un máximo de quince años de cárcel, mientras que la menos grave de la rebelión arranca en esa cantidad.

Tras el proceso independentista catalán del año pasado, están en prisión preventiva nueve políticos de esa región del nordeste español, por la causa que instruye contra ellos el Tribunal Supremo.


No ocurre así con la sedición que sí permite acusar también por el desvío del dinero público, lo que en la práctica puede suponer más años de cárcel, si se tiene en cuenta que quienes la inducen, sostienen o dirigen pueden ser castigados con entre 8 y 10 años de cárcel, y de 10 a 15, sin fueran personas constituidas en autoridad.